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Presidente Noboa vota en consulta popular en Ecuador

El mandatario llegó media hora antes de lo anunciado bajo un fuerte resguardo de seguridad al colegio donde está su residencia, en Olón, provincia costera de Santa Elena.

Rápidamente entró, marcó su papeleta y la mostró a los medios de comunicación para constatar su voto por el Sí en cada una de las 11 preguntas.

Rápidamente salió sin dar declaraciones a la prensa.

Más temprano este domingo, al inaugurar la jornada de sufragios en Quito, Noboa afirmó que este proceso definirá el rumbo y la política de Estado que tomará para afrontar el reto de la violencia, el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo.

La consulta popular es considerada clave para Noboa y su futuro político porque pone a prueba la popularidad conseguida en los primeros meses de su mandato, pero resquebrajada a raíz del asalto a la Embajada de México y por la crisis energética, con apagones de hasta ocho horas al día esta semana.

Desde las 07:00 (hora local) abrieron los colegios electorales, donde 13,6 millones de electores podrán votar a favor o en contra de la iniciativa del gobernante, aunque la lluvia retrasó la instalación de algunos recintos

Cinco de los cuestionamientos propuestos implican enmiendas a la Constitución, incluida la posible participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado y otra pregunta que permite la extradición de ecuatorianos.

Otras interrogantes tratan la posibilidad de instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y agregar al Código de Trabajo los contratos temporales y por horas, temas polémicos y criticados por organizaciones sociales y políticas.

Seis preguntas no implican cambios en la carta magna, sino reformas a normativas existentes, como el aumento de penas a delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, entre otros.

La cita electoral ha sido calificada por movimientos sociales, políticos, sindicales y estudiantiles como innecesaria y engañosa, mientras para el Gobierno y sus seguidores es la solución a los problemas de seguridad del país.

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